En el sector privado, un CEO percibe remuneración por riesgo, e incluso puede cobrar solo por resultado, según tenga un sistema de remuneración americano o europeo.
Debido a ello, no son asimilables los niveles de remuneración privadas y públicas. La frase: "debe ganar lo que ganaría en el sector privado" es absurda. Incluso la gran mayoría de cargos públicos no existen en el sector privado para poder realizar dicha comparación de salarios.
En dicho sentido, no podemos conocer cuanto percibiría un diputado, senador, presidente, intendente, concejal, secretario de política económica o ministro en el sector privado, en concepto de remuneración.
Mas allá de ello, el objeto de la nota es que asumamos que toda decisión de gobierno implica costos para la sociedad, y muy de vez en cuando en Argentina implica beneficios.
Luego de la conferencia de ayer, los argentinos supimos que el gobierno traslada la responsabilidad parcial de eliminar la inflación en Argentina al siguiente mandato de gobierno.
Por lo tanto, es necesario que se establezcan obligaciones, premios y castigos para quienes tienen responsabilidades que repercuten sobre el resto de la sociedad. Existen diversos parámetros que dependen directamente de las decisiones de dichos funcionarios públicos, y por lo tanto, implementar un esquema de incentivos generaría un mejor desempeño económico sobre dichas variables que estos funcionarios controlan, al menos indirectamente.
Por ejemplo, la inflación no es del todo controlable por un ministro, pero sí lo son, las metas de presupuesto que afectan según el caso en mayor o menor medida sobre la misma. Si un ministro incumple con dichas metas merecería sanciones, incluso en sus ingresos a percibir como servidor del Estado.
Para el caso del BCRA, nuevamente, la tasa de inflación no es perfectamente controlable por los equipos técnicos, pero fuera de ciertos parámetros o bandas numéricas que se establecen, las llamadas metas de inflación, los funcionarios del BCRA deberán percibir sanción económica.
Esto no es necesario meramente por la llamada "credibilidad" de las instrituciones, sino por el simple hecho de que quien incumple obligaciones debe pagar por ello.
Solo en la medida en que un sistema económico esté fundado en un esquema de valores bien establecido, los cimientos de la misma serán sólidos.
